En casiones, la realidad supera a la ficción. Lo que parecía una historia local, casi de sobremesa entre vecinos, terminó en lo más alto del sistema judicial español. Esta es la historia de Nemesio, el alcalde de Medinaceli (Soria), cuya gestión terminó en una condena por prevaricación tras años de irregularidades que dejaron una profunda huella en la administración pública local.
Un alcalde con iniciativa… demasiado personal
Nemesio fue elegido alcalde de Medinaceli en 2003, y junto a él, su inseparable Teniente Alcalde, Serafín. Ambos mantuvieron sus cargos durante años, pero también algo más: una intensa relación empresarial con el propio Ayuntamiento.
Todo comenzó cuando Nemesio vendió unos terrenos de su propiedad a una promotora con la que había estrechos vínculos. Esta empresa construyó edificios en dichos solares, y el Ayuntamiento —bajo el mando del propio Nemesio— les aplicó un impuesto reducido porque, en teoría, iban a construir viviendas de protección oficial. Sin embargo, esto no era cierto. Aún así, el alcalde nunca corrigió esta irregularidad ni exigió el pago completo de los impuestos, provocando una pérdida directa para el Ayuntamiento.
Pero la cosa no terminó allí.
Contrataciones entre amigos (y socios)
Nemesio y Serafín, además de sus cargos públicos, eran empresarios. Junto a sus respectivas esposas, dirigían dos compañías: una dedicada a instalaciones eléctricas y otra al comercio de materiales de construcción. Pese a que la ley prohíbe expresamente que los miembros de una corporación municipal contraten con su propio Ayuntamiento, ellos lo hicieron. Y no una vez, sino de forma reiterada durante años.
Para cubrirse las espaldas, Nemesio pidió un informe jurídico a la Diputación de Soria en 2012. El informe fue claro: los contratos eran ilegales, sin excepción. Sin embargo, en lugar de actuar conforme a la ley, el alcalde escondió el informe durante meses y lo llevó al pleno municipal solo cuando ya no podía evitarlo.
Cuando el pleno finalmente declaró la incompatibilidad de los contratos, Nemesio y Serafín interpusieron un recurso… que nunca resolvieron. Dejaron el asunto en un limbo legal durante cuatro años hasta que, tras ser denunciados, lo reactivaron y anularon el acuerdo que les impedía seguir contratando.
Las facturas no mienten
Entre 2013 y 2018, las empresas de ambos políticos emitieron decenas de facturas al Ayuntamiento por servicios prestados. El importe total superaba los 110.000 euros. Era una práctica sistemática y constante: contratos, facturas, pagos… todo dentro de un circuito cerrado que beneficiaba directamente a quienes debían velar por el interés público.
Cuando se destapó el escándalo, varios concejales del Partido Socialista —la oposición local— actuaron como acusación popular. El Ministerio Fiscal, en un inicio, no vio delito, pero posteriormente cambió de opinión y solicitó la condena.
El juicio y la caída
La Audiencia Provincial de Soria condenó a Nemesio y Serafín por un delito continuado de prevaricación. La pena fue clara: inhabilitación especial para empleo o cargo público durante nueve años. Es decir, se les expulsó de la política por casi una década.
Intentaron apelar. Luego llevaron el caso al Tribunal Supremo mediante un recurso de casación, alegando vulneración de derechos fundamentales y errores en la valoración de la prueba. Pero el Tribunal Supremo, en una sentencia firme dictada en junio de 2025, desestimó todos los motivos del recurso.
El ponente, el magistrado Manuel Marchena, fue contundente: la acción de los acusados no fue una simple irregularidad administrativa, sino una «vulneración flagrante y grosera de la legalidad», que quebró la confianza ciudadana en las instituciones.
Más que un caso aislado
Este caso no solo deja fuera de juego a dos políticos locales. Es una lección clara sobre los límites del poder y las consecuencias de confundir lo público con lo privado. La sentencia también refuerza el papel de la acción popular como herramienta de control ciudadano ante el silencio o la pasividad de otras instituciones.
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