El tribunal desestima el recurso de apelación de un hombre detenido en España, al considerar que la gravedad de los delitos de robo que afronta en el país reclamante y su falta de arraigo justificado exigen su encarcelamiento preventivo durante el proceso de extradición.
La Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha confirmado la situación de prisión provisional para un ciudadano extranjero reclamado por las autoridades judiciales de Ucrania. El tribunal ha rechazado el recurso de apelación interpuesto por la defensa, que solicitaba la puesta en libertad inmediata. Los magistrados concluyen que el ingreso en un centro penitenciario resulta imprescindible para asegurar la entrega del investigado a las autoridades ucranianas, evitando así que este eluda la acción de la justicia internacional.
Robo con fuerza y organización criminal como trasfondo
El origen de este procedimiento radica en una Orden Europea de Detención y Entrega (OEDE) emitida por la justicia de Ucrania. Las autoridades de aquel país solicitan la extradición del investigado para enjuiciarle por su presunta participación en delitos de robo con fuerza en las cosas. La gravedad de las imputaciones, que podrían conllevar penas de hasta quince años de privación de libertad, sitúa al reclamado en una posición procesal de riesgo elevado ante la posibilidad de una sustracción a la acción de los tribunales.
La defensa del detenido trató de convencer al tribunal de que la medida cautelar carecía de proporcionalidad. Sus abogados argumentaron que el investigado posee un arraigo suficiente en España que elimina cualquier sospecha de fuga. Asimismo, propusieron la sustitución del encarcelamiento por medidas menos gravosas, tales como la retirada del pasaporte, la prohibición de salir del territorio nacional o comparecencias periódicas en sede judicial.
El arraigo precario ante la justicia internacional
La Audiencia Nacional ha desestimado estas alegaciones con contundencia. El tribunal subraya que el arraigo invocado por el detenido es «endeble» y carece de la solidez necesaria para neutralizar el riesgo de fuga. La Sala de lo Penal destaca que el investigado no ha logrado acreditar unos vínculos familiares, laborales o económicos lo suficientemente firmes en nuestro país como para asegurar que permanecerá a disposición del tribunal durante la tramitación del procedimiento de extradición.
Los magistrados recuerdan que la finalidad de la prisión provisional en estos supuestos no es castigar al individuo, sino garantizar que el procedimiento de entrega culmine con éxito. Si el reclamado recuperara la libertad, las posibilidades de que abandonara España serían muy elevadas, frustrando así el compromiso internacional de cooperación penal. La resolución judicial incide en que la libertad provisional en estos casos es una medida excepcional que solo se aplica cuando el riesgo de fuga está totalmente controlado, algo que no ocurre en este escenario.
La prisión como medida instrumental e idónea
El auto judicial recalca que la privación de libertad es «imprescindible e instrumental» para cumplir con las obligaciones de España frente a terceros países. El tribunal recalca que el procedimiento de extradición no constituye un juicio sobre la culpabilidad del detenido, sino un proceso de auxilio jurisdiccional internacional donde la disponibilidad del sujeto es una condición sine qua non.
La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional insiste en que no se ha producido una infracción de los derechos fundamentales del investigado. El tribunal ha valorado de forma individualizada sus circunstancias personales y ha concluido que, ante una petición de extradición por delitos de gran gravedad, el riesgo de eludir la justicia debe prevalecer sobre el derecho a la libertad ambulatoria. El auto subraya, además, que el tiempo transcurrido desde la detención es breve, por lo que la medida cautelar sigue siendo proporcional y necesaria.
Con esta decisión, la Audiencia Nacional blinda el procedimiento contra el reclamado y confirma la validez de la medida cautelar. El investigado permanecerá bajo custodia mientras prosiguen los trámites de su entrega a Ucrania, donde deberá responder por los cargos que se le imputan ante los órganos judiciales correspondientes.
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