La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha dictado una sentencia que sienta un importante precedente en materia de fiscalidad corporativa, específicamente en lo relativo al Impuesto sobre Sociedades. El Alto Tribunal ha desestimado el recurso de casación presentado por una entidad financiera, confirmando que las indemnizaciones millonarias pactadas con altos directivos en el momento de su cese no son gastos deducibles si no existía una obligación previa contractual o estatutaria. La resolución considera que, en ausencia de estos requisitos, dichos pagos constituyen una «liberalidad» y, por tanto, no pueden restar en la base imponible del impuesto.
Este fallo ratifica el criterio de la Administración tributaria y de la Audiencia Nacional, cerrando la puerta a la deducibilidad de «paracaídas dorados» negociados ad hoc en el momento de la salida del directivo, cuando estos no cuentan con el respaldo de los estatutos sociales ni guardan una correlación estricta con la generación de ingresos futuros para la compañía.
Una salida negociada y millonaria bajo la lupa de Hacienda
El litigio tiene su origen en las actuaciones de comprobación e inspección iniciadas por la Agencia Tributaria respecto al Impuesto sobre Sociedades de varios ejercicios de la década de los 2000. La controversia principal giraba en torno a la salida del entonces presidente de la entidad financiera. Tras presentar su renuncia al cargo, el Consejo de Administración de la compañía aprobó una serie de condiciones para una «salida negociada».
Entre los conceptos acordados figuraba el abono de una cantidad superior a los 13 millones de euros en concepto de compensación por la resolución de la relación, además de otras contraprestaciones significativas. Estas incluían el mantenimiento de planes de opciones sobre acciones, la compensación por la extinción de compromisos de pensiones, un seguro médico vitalicio y diversos servicios de seguridad, secretaría y automóvil.
La Inspección tributaria consideró que estos gastos no eran deducibles. El argumento central de la Administración fue que se trataba de una liberalidad, un concepto jurídico que hace referencia a disposiciones de bienes a título gratuito. La entidad recurrió esta decisión, defendiendo que los pagos respondían a una lógica empresarial y eran necesarios para evitar litigios o facilitar una transición ordenada, pero los tribunales han desestimado sistemáticamente esta pretensión.
El concepto de liberalidad en el Impuesto sobre Sociedades
El núcleo jurídico de la sentencia se centra en la interpretación del artículo 14.1.e) del Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades (TRLIS). Este precepto establece que no tendrán la consideración de gastos fiscalmente deducibles los donativos y liberalidades. No obstante, la norma excluye de esta prohibición ciertos gastos, como los realizados por relaciones públicas con clientes, los que se efectúen con arreglo a los usos y costumbres con el personal, o aquellos correlacionados con los ingresos.
El Tribunal Supremo analiza si la indemnización satisfecha al expresidente encaja en alguna de estas excepciones. La conclusión es negativa. Los magistrados razonan que, para que un gasto de esta naturaleza sea deducible, no basta con que esté contabilizado y acreditado; debe existir una «causa onerosa» real y obligatoria.
En el caso analizado, la indemnización no estaba prevista en los estatutos de la sociedad ni existía un contrato de blindaje previo que obligara a la empresa a realizar dicho pago. Al tratarse de un acuerdo alcanzado voluntariamente por el Consejo de Administración en el mismo momento del cese, el tribunal entiende que la empresa no estaba «compelida» a pagar. Al no existir una obligación jurídica preexistente, el pago se convierte en un acto voluntario de la compañía, es decir, una liberalidad no deducible.
La importancia de la previsión estatutaria y el control de los accionistas
Uno de los fundamentos más relevantes que expone la Sala es la protección de los intereses de los accionistas en las sociedades cotizadas o de capital disperso. El tribunal distingue este caso de otros supuestos donde se ha permitido la deducibilidad en sociedades de socio único o empresas familiares, donde la voluntad de la sociedad y la de los administradores se confunde.
En una sociedad anónima de gran tamaño, la retribución de los administradores es una materia «especialmente sensible». La Ley de Sociedades de Capital y la jurisprudencia mercantil exigen que la remuneración de los cargos directivos conste en los estatutos con la máxima claridad. Esto responde al principio de reserva estatutaria, cuyo fin es garantizar que los accionistas conozcan y aprueben cómo se retribuye a la cúpula directiva, facilitando el control sobre la gestión y protegiendo el patrimonio social.
La sentencia subraya que, si la Junta General de Accionistas no había aprobado previamente este tipo de indemnizaciones en los estatutos, el Consejo de Administración no podía acordarlas por su cuenta con efectos fiscales favorables. Permitir la deducción de estos gastos supondría validar una actuación que, de facto, elude el control de la Junta General y reduce el beneficio repartible entre los socios, perjudicando además a la Hacienda Pública al minorar la base imponible del impuesto.
Ausencia de correlación con los ingresos
Otro punto clave para desestimar el recurso de la entidad financiera es la falta de prueba sobre la correlación entre el gasto y la obtención de ingresos. La normativa fiscal permite deducir gastos que, aunque no sean estrictamente obligatorios, sirvan para generar beneficios o promocionar la actividad empresarial.
La entidad alegaba que el acuerdo de salida incluía un pacto de no competencia y servicios de asesoría futura por parte del expresidente. Sin embargo, el tribunal considera que la empresa no logró acreditar la realidad y efectividad de estos servicios futuros. La sentencia califica las contraprestaciones como «excesivamente gravosas» en relación con un simple pacto de no competencia y señala la indefinición de los supuestos servicios de asesoramiento.
Al no probarse que el pago millonario fuera necesario para generar nuevos ingresos o mejorar la posición de la empresa en el mercado, decae el argumento de la correlación de gastos e ingresos. El tribunal determina que la causa del pago fue, en realidad, gratificar los servicios pasados del directivo (una «donación remuneratoria»), lo cual no elimina su carácter de liberalidad a efectos fiscales.
Implicaciones para la empresa y la doctrina fijada
El fallo consolida una doctrina rigurosa respecto a los gastos de personal de alta dirección. Para que una indemnización por cese sea deducible en el Impuesto sobre Sociedades, debe cumplir requisitos estrictos: estar prevista estatutariamente o en un contrato previo válido, no ser contraria al ordenamiento jurídico y estar claramente correlacionada con la actividad económica.
El Tribunal Supremo deja claro que la mera inscripción contable o la aprobación por el Consejo de Administración no «sanan» la naturaleza de liberalidad del gasto si falta el soporte estatutario. Esta decisión obliga a las grandes empresas a revisar sus políticas de retribución y sus estatutos sociales para asegurar que cualquier compensación a directivos esté debidamente contemplada y aprobada por los socios, evitando así contingencias fiscales millonarias en el futuro.
En definitiva, la resolución confirma que la generosidad de una empresa con sus directivos salientes, si no es obligatoria por estatutos o contrato previo, debe financiarse con cargo a los beneficios netos de la compañía, sin que el fisco deba subvencionar dicha decisión mediante una reducción de la factura tributaria.
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