El Tribunal Supremo ha confirmado la improcedencia del despido de un empleado en situación de expediente temporal de regulación de empleo (ERTE), al considerar que la extinción contractual encubría un cese injustificado durante la vigencia de las medidas de suspensión adoptadas por la empresa. La sentencia sienta criterio sobre los límites legales de actuación empresarial en contextos de crisis económica o productiva.
Origen del conflicto
El caso se remonta a 2020, cuando una empresa del sector industrial aplicó un ERTE por causas productivas derivadas de la pandemia de COVID-19. Entre los trabajadores afectados se encontraba el demandante, cuya relación laboral fue suspendida temporalmente. Sin embargo, pocos meses después, la empresa procedió a extinguir su contrato alegando motivos disciplinarios.
El trabajador impugnó el despido ante el Juzgado de lo Social al considerar que la decisión empresarial era nula o, en su defecto, improcedente, ya que vulneraba la finalidad del ERTE y los principios de buena fe contractual. El juzgado de instancia declaró el despido improcedente, resolución que fue confirmada en suplicación por el Tribunal Superior de Justicia. La empresa presentó entonces recurso de casación para la unificación de doctrina ante el Tribunal Supremo.
Análisis del Tribunal Supremo
En su sentencia, la Sala Cuarta del Tribunal Supremo, con ponencia de la magistrada María Luz García Paredes, desestimó el recurso y ratificó el fallo que declaraba la improcedencia del despido. El alto tribunal consideró acreditado que la extinción contractual se produjo sin causa real y durante la vigencia de un ERTE, lo que constituye una actuación contraria al marco jurídico establecido en los artículos 47 y 49 del Estatuto de los Trabajadores.
El Supremo subrayó que el objetivo de los ERTE es permitir la suspensión o reducción temporal de los contratos de trabajo, no su extinción. Por tanto, mientras las medidas están en vigor, la empresa no puede proceder a despidos individuales o colectivos amparándose en causas similares a las que justificaron el expediente temporal.
Además, recordó que las empresas beneficiarias de exoneraciones en las cotizaciones sociales durante los ERTE extraordinarios derivados de la pandemia estaban sujetas a un compromiso de mantenimiento del empleo durante seis meses, conforme al Real Decreto-ley 30/2020. La vulneración de esta obligación acarrea consecuencias tanto en el ámbito administrativo —devolución de las ayudas— como laboral —recalificación del despido como improcedente o nulo—.
La improcedencia frente a la nulidad
El Tribunal Supremo aclaró que, aunque la empresa incumplió el deber de mantenimiento del empleo, no concurrieron elementos suficientes para declarar el despido nulo. No se acreditó la existencia de una represalia ni una vulneración de derechos fundamentales. En consecuencia, la Sala mantuvo la calificación de despido improcedente, con el derecho del trabajador a optar entre la readmisión o la indemnización correspondiente.
El fallo subraya que la improcedencia no exime a la empresa de las responsabilidades administrativas derivadas de su actuación, incluidas las sanciones por incumplir los compromisos asumidos ante la autoridad laboral.
Doctrina sobre los límites del poder empresarial
La resolución consolida la doctrina jurisprudencial sobre los límites del poder de dirección y organización del empresario durante la vigencia de medidas de flexibilidad temporal como los ERTE. La Sala recuerda que la suspensión contractual implica que la relación laboral sigue viva, aunque sin prestación efectiva de servicios ni salario. Por tanto, la empresa no puede sustituir la suspensión por una extinción sin acreditar nuevas causas objetivas sobrevenidas.
De igual forma, el tribunal enfatizó la importancia de la buena fe en la ejecución de las medidas colectivas. Cualquier actuación empresarial que desnaturalice el fin temporal del ERTE o que utilice la suspensión como pretexto para reorganizaciones encubiertas puede ser objeto de impugnación judicial y derivar en condenas por despido improcedente.
Fundamentos jurídicos y referencias normativas
Entre los fundamentos jurídicos destacados, el Tribunal Supremo cita los artículos 47 y 49 del Estatuto de los Trabajadores, así como los artículos 55 y 56 relativos a la calificación y efectos del despido. También se apoya en la jurisprudencia previa sobre la materia, especialmente las sentencias del propio Tribunal Supremo de 13 de octubre de 2021 (rcud 1097/2019) y 27 de abril de 2022 (rcud 1050/2020), que ya habían abordado la incompatibilidad entre un ERTE activo y un despido basado en causas similares.
El fallo recuerda que la legislación laboral distingue claramente entre medidas temporales de flexibilidad interna y extinciones contractuales definitivas, siendo estas últimas de aplicación solo cuando la empresa acredita causas nuevas, reales y suficientemente justificadas.
Relevancia práctica y consecuencias
Esta sentencia tiene una notable relevancia práctica para empresas y trabajadores, especialmente en sectores que aún aplican mecanismos de suspensión temporal de empleo. Reafirma que el uso indebido de un ERTE para encubrir ceses constituye un abuso de derecho y conlleva sanciones y costes indemnizatorios significativos.
Asimismo, la resolución refuerza la seguridad jurídica en torno a la protección del empleo y la interpretación restrictiva de las causas de despido durante períodos de suspensión. Se trata de un pronunciamiento que consolida el equilibrio entre la flexibilidad empresarial y la estabilidad laboral, valores esenciales del sistema jurídico laboral español.
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