Un caso que mancha la imagen de las Fuerzas Armadas
El Tribunal Supremo ha confirmado la expulsión del servicio de un sargento del Ejército de Tierra condenado por un delito de violencia de género. La sentencia, emitida el 24 de enero de 2024, desestima el recurso presentado por el militar y ratifica la decisión de la ministra de Defensa de imponerle la sanción disciplinaria más grave: la separación definitiva de las Fuerzas Armadas. El fallo subraya que los actos de violencia doméstica son incompatibles con la dignidad militar y dañan gravemente la imagen pública de la institución.
Este caso pone de manifiesto que la carrera militar no es un escudo frente a la justicia. Por el contrario, la condición de militar impone un estándar de conducta más exigente, tanto dentro como fuera del servicio. La sentencia del Alto Tribunal es contundente: quien agrede a su pareja no puede seguir formando parte de una institución que se fundamenta en valores como el honor, la lealtad y el respeto.
Los hechos una escalada de violencia en un solo día
La historia se remonta a un día de 2022 en La Puebla de Alfindén, Zaragoza. Darío, el sargento, salió a comer con unos amigos. A las seis de la tarde, envió un mensaje amenazante a su pareja, María Purificación, con quien convivía: “son las 18 como me sigas dando por culo te meto una hostia”. Horas más tarde, sobre las nueve y cuarenta y nueve de la noche, la llamó por teléfono para aterrorizarla aún más: “te voy a matar, no me importa que llames a la policía, hoy sí o sí termino allí”.
Cinco minutos después de esa llamada, Darío llegó a su domicilio. Sin mediar palabra, agarró a María Purificación del cuello, la empujó contra una puerta y la derribó al suelo. Luego se colocó encima de ella y continuó presionándole el cuello. Solo se detuvo cuando la madre de la víctima comenzó a gritar. En un acto de crueldad aún mayor, se acercó a María Purificación fingiendo que quería darle un beso, pero en lugar de eso, le mordió la lengua, los labios y el pómulo.
Como consecuencia de esta brutal agresión, María Purificación sufrió lesiones en la zona cervical, en el pómulo derecho, una mordedura en el labio y hematomas en ambos muslos. Afortunadamente, las lesiones no fueron de gravedad y se curaron en cinco días, aunque requirieron atención médica. El Juzgado de Instrucción número 2 de Zaragoza le concedió de inmediato una orden de protección.
La condena penal y el expediente disciplinario
Por estos hechos, el Juzgado de lo Penal número 8 de Zaragoza condenó a Darío, mediante sentencia firme del 16 de mayo de 2022, a dos delitos distintos: uno de lesiones en el ámbito de la violencia de género y otro de amenazas graves. La pena total ascendió a nueve meses de prisión por cada delito —que se cumplirán de forma simultánea—, además de la inhabilitación para el sufragio pasivo, la prohibición de poseer armas durante un año y una orden de alejamiento de 200 metros de la víctima durante un año y nueve meses.
Esta condena penal fue la chispa que encendió el expediente disciplinario militar. La Ley Orgánica 8/2014, de Régimen Disciplinario de las Fuerzas Armadas, establece en su artículo 8.14 que constituye una “falta muy grave” el hecho de que un militar sea condenado por sentencia firme a pena de prisión por un delito doloso, siempre que dicho delito “afecte al servicio, a la imagen pública de las Fuerzas Armadas, a la dignidad militar o cause daño a la Administración”.
El 10 de agosto de 2023, la ministra de Defensa consideró que los hechos cumplían todos estos requisitos y decidió imponer la máxima sanción: la expulsión del servicio. Para la ministra, y ahora también para el Tribunal Supremo, resulta “palmaria” la afección a la imagen pública de las Fuerzas Armadas y a la dignidad militar que supone que un sargento, un líder y ejemplo para sus subordinados, cometa actos de violencia contra su pareja.
El recurso y el fallo del Tribunal Supremo
El sargento, representado por su abogado, recurrió la sanción ante el Tribunal Supremo. Su principal argumento fue que la expulsión era desproporcionada. Solicitó que, en su lugar, se le impusiera una sanción menor, como la suspensión temporal de empleo.
El Alto Tribunal rechazó este argumento de forma contundente. En su sentencia, recuerda que la Administración Militar tiene la obligación de elegir una sanción “adecuada a la gravedad y circunstancias del hecho”. En este caso, la gravedad es extrema: no se trata de un delito cualquiera, sino de violencia de género, cometido con saña y premeditación, por un miembro de una institución que debe ser un modelo de conducta.
Los magistrados destacaron que la condición militar “se extiende más allá del servicio”. Un militar no deja de serlo cuando se quita el uniforme. Por ello, su comportamiento en la vida privada también está sujeto a un riguroso control disciplinario. La violencia contra la pareja no es solo un crimen penal; es una traición a los valores fundamentales recogidos en las Reales Ordenanzas, que exigen a los militares “una conducta intachable”.
La sentencia también desestimó cualquier intento de atenuar la sanción basándose en los méritos profesionales del sargento. Para el Tribunal, “los hechos objetivamente graves y relevantes” anulan cualquier consideración de ese tipo. No hay medalla ni condecoración que pueda compensar el daño causado a la víctima y a la institución.
Un mensaje claro contra la impunidad
Este fallo envía un mensaje inequívoco: en las Fuerzas Armadas, la tolerancia cero con la violencia de género no es un lema, sino una política activa y exigible. La expulsión de Darío no es un castigo adicional a su condena penal, sino una consecuencia lógica y necesaria para preservar la integridad moral de la institución.
El Tribunal Supremo ha dejado claro que la dignidad militar no es un concepto abstracto. Se construye con el ejemplo diario de sus miembros. Cuando uno de ellos comete un acto tan execrable como agredir y amenazar de muerte a su pareja, rompe ese pacto de honor y pierde su lugar en las filas.
La sentencia no solo hace justicia con la víctima, sino que protege a los miles de militares que cumplen con su deber con honor y respeto. Es un paso firme hacia una institución más justa, más moderna y, sobre todo, más humana.
Autor
