El tribunal desestima el recurso de apelación del detenido, confirmando que la falta de arraigo estable en España y la gravedad de las penas que afronta justifican su encarcelamiento preventivo para asegurar la entrega a las autoridades polacas.
La Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha confirmado la situación de prisión provisional, comunicada y sin fianza, para un ciudadano extranjero reclamado por la justicia de Polonia. El tribunal ha rechazado el recurso de apelación presentado por la defensa, que pretendía la libertad del investigado mediante medidas alternativas menos restrictivas. Los magistrados concluyen que el ingreso en un centro penitenciario resulta imprescindible para garantizar la ejecución de la Orden Europea de Detención y Entrega (OEDE) y evitar que el reclamado eluda la acción de la justicia.
Los graves delitos imputados en Polonia
El origen de este procedimiento judicial es una orden dictada por la Fiscalía de Graz, que reclama a este ciudadano para enjuiciarle por once delitos de naturaleza sexual cometidos contra una menor de edad. Según los hechos detallados en la orden internacional, el investigado habría inducido de forma reiterada a la víctima a realizar actos de carácter sexual entre los años 2022 y 2024. El Estado reclamante solicita penas que oscilan entre uno y diez años de privación de libertad por delitos de agresión y abusos sexuales.
La defensa del detenido trató de frenar la entrega argumentando que los hechos no cumplirían el principio de doble incriminación. Sin embargo, la Audiencia Nacional ha desestimado esta alegación. Los magistrados explican que el Código Penal español castiga los actos de naturaleza sexual con menores de dieciséis años, por lo que existe una correspondencia típica clara. El tribunal aclara que, en esta fase procesal, no procede realizar un juicio de fondo sobre la culpabilidad, sino asegurar la disponibilidad del investigado para que se someta al procedimiento ante los tribunales polacos.
Falta de arraigo y riesgo de fuga
El abogado del detenido basó su petición de libertad en un supuesto arraigo en España. Presentó un contrato de alquiler, facturas de servicios básicos y manifestó que su cliente vive en pareja. No obstante, el tribunal considera que estos elementos son insuficientes para contrarrestar el evidente riesgo de fuga.
La Sala de lo Penal señala que la información aportada por la defensa es «endeble». Los documentos de alquiler no permiten acreditar con seguridad que el investigado siquiera residiera en nuestro país en las fechas indicadas. Además, el tribunal pone de manifiesto que el investigado residiría en una «tienda de campaña», una circunstancia que difícilmente garantiza una estabilidad que permita localizarlo mediante simples citaciones. El hecho de que la policía polaca no lograra detenerlo en su país de origen y que finalmente fuera localizado en España tras intensas pesquisas refuerza la tesis del tribunal sobre su voluntad de evitar el proceso penal.
La prisión como medida proporcional
La Audiencia Nacional explica en su resolución que la prisión provisional en estos supuestos no funciona como un castigo anticipado, sino como una herramienta cautelar. La finalidad única consiste en asegurar la ejecución de la entrega solicitada por Polonia.
La defensa propuso medidas alternativas menos gravosas, tales como la comparecencia periódica ante el juzgado o la retirada del pasaporte. El tribunal rechaza estas propuestas al considerarlas ineficaces. Ante una orden de detención emitida por otro Estado miembro de la Unión Europea, y dado que el investigado no mantiene lazos sólidos con nuestro territorio, la única forma de garantizar que no abandonará el país es el mantenimiento de la privación de libertad.
El tribunal concluye que la medida es proporcional y necesaria. La gravedad de los delitos imputados y la proximidad de la fecha prevista para la entrega hacen que la prisión resulte justificada bajo los criterios de cooperación judicial internacional. De este modo, la Audiencia Nacional blinda el procedimiento contra el fugitivo y asegura que el proceso de entrega seguirá su curso legal sin sobresaltos. El acusado permanecerá bajo custodia hasta que se complete su traslado a las autoridades polacas, donde deberá responder por las graves imputaciones que pesan sobre él.
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